A continuación se explica el caso ejemplar del proceso de creación de un partido político, el PSOE, que se financió desde el extranjero para encaminar la transición española por los cauces que les interesaban a sus inversores, disfrazando el expolio de nuestro patrimonio nacional de democracia y progresismo. Después de la transición, se hizo efectivo el proceso de desmantelamiento industrial que permitiría a los financiadores recoger beneficios y apropiarse del mercado. Aquí están listadas la mayoría de las empresas fundadas, nacionalizadas o participadas por el I.N.I. desde que se aprobó la ley fundacional del Instituto Nacional de Industria en 1941. Todas esas empresas públicas se dotaron de una valiosa infraestructura en las décadas de 1950 y 1960 con los impuestos, la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestros padres y abuelos. Sectores como la electricidad (Iberdrola), las telecomunicaciones (Telefónica), la distribución de petróleo (Repsol), la explotación de las minas (Hunosa), la metalurgia pesada (Altos Hornos), la producción automovilística (Seat), el transporte ferroviario (Renfe), naval (AESA) y aéreo (Iberia), la producción y distribución de tabaco (Tabacalera Española)... eran monopolios estatales capaces de proporcionar servicios básicos a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado. Ahora se los llevan los “mercados”, los inversores, los accionistas. A partir de 1984, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, empezamos a malvenderlas, por poco más de 55.000 mill €, según el propio SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Sólo en 2011, Telefónica, Endesa, Gas Natural y Repsol ganaron más de 10.000 mill €. Desde que se liberalizó completamente el mercado eléctrico, el precio ha subido más de un 80%.